Aunque el decreto ley sobre alquileres aprobado en marzo de este año no permite a las administraciones públicas controlar los precios, como pedían algunos colectivos, sí que tiene en cuenta algunas medidas que benefician claramente a los inquilinos. La más evidente es la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler, que pasa de tres a cinco años. Pero no es la única. El decreto también limita las fianzas a tres meses y acaba con los desahucios abiertos. Se trata de medidas positivas para los arrendatarios pero que, por contra, aumentan la sensación de inseguridad en los arrendadores, que se sienten desprotegidos ante posibles desahucios.
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