Este tipo de ataque consiste en un software malicioso que logra cifrar los datos de la empresa, haciéndolos inaccesibles para los usuarios legítimos. De este modo, la información se vuelve inutilizable para la empresa y los ciberdelincuentes exigen un rescate económico para devolverla a su estado original. «No hablamos solo de un impacto económico muy grave», explica Suárez, sobre la incapacidad de la empresa para mantener su normal funcionamiento sin la información cifrada y las elevadas cuantías que los ciberdelincuentes demandan por liberarla. Sin embargo, el golpe no es solo económico sino también reputacional y termina suponiendo que «la mitad de las pymes que sufren este tipo de ataques se ven obligados a cerrar en menos de un año», lamenta el presidente del CPEIG.

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