Mientras un seguro de RC General cubre los daños personales, materiales y económicos a terceras personas, una póliza de RC Profesional abarca la cobertura de los daños económicos que se puedan generar por errores, omisiones o negligencias en la ejecución de una actividad profesional, ya que contempla los daños causados por el profesional o por las instalaciones en donde ejerce su actividad profesional. De hecho, un seguro de RC General contempla en su cobertura el ejercicio de la actividad profesional, pero sin incluir negligencia o error de carácter profesional.

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Se considera que un funcionario o cargo público incurre en responsabilidad civil cuando de su actividad se derive un daño o perjuicio a un tercero. Según el Código Civil, esta responsabilidad surge cuando se producen “hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les son impuestas”. Tradicionalmente, la jurisprudencia se ha inclinado por interpretar esta norma como una alusión a la responsabilidad civil del Estado, pero las opiniones de los juristas no son unánimes en este punto y hay una corriente que apunta a la responsabilidad directa del funcionario.

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En el caso de España, la Responsabilidad Medioambiental está plasmada en la Ley 26/2007, que recoge en su Anexo III todas las actividades industriales que pueden ser peligrosas para el entorno. En este sentido, la ley obliga a los operadores a poner en marcha las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales que puedan provocar, para devolver los recursos dañados al estado en el que se encontraban. El próximo 31 de octubre, más de 6.000 instalaciones englobadas en el orden de prioridad 3 tendrán la obligación de contar con una garantía para hacer frente a sus responsabilidades.

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