El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que ha servido para desarrollar un marco sectorial de modificaciones convencionales (prórrogas) de créditos y préstamos de toda clase. Entre otras medidas, el texto prohíbe de manera expresa usar el acuerdo de moratoria para establecer nuevas condiciones que no figurasen en el contrato de préstamo objeto de moratoria, tales como la comercialización de nuevos productos o el requerimiento de nuevas garantías.

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