Los datos, que proceden de una encuesta específica realizada por el Instituto Galego de Estatística (IGE) entre el tejido empresarial gallego en colaboración con la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), revelan que el 15,5 por ciento de las empresas sufrió algún incidente de ciberseguridad en el último año, especialmente las más grandes —aquellas con al menos medio centenar de trabajadores—: prácticamente una de cada dos es objeto de alguna tentativa de intrusión.

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Según el ‘Informe de Ciberpreparación 2025’ de Hiscox, sólo el 57% de las pymes españolas que pagaron un rescate por ciberataque de ransomware en los últimos 12 meses lograron recuperar algunos o todos sus datos. Además, el 25% de las pymes españolas que realizaron el pago terminó viendo filtrada su información sensible, una cifra que contrasta fuertemente con el 7% registrado en 2024, evidenciando que el riesgo de exposición continúa siendo alto a pesar de las medidas adoptadas. Asimismo, un 31% de las compañías descubrió que la clave de recuperación proporcionada por los ciberdelincuentes no funcionaba, mientras que un 29% sufrió un nuevo ataque tras el incidente inicial, mostrando la persistencia y sofisticación de estas amenazas. Más allá, en un 28% de los casos los atacantes exigieron pagos adicionales, y un 46% de las empresas se vio obligada a reconstruir sus sistemas por completo, incluso después de haber recibido una clave válida. Por otro lado, un 32% de las pymes confirmó que, finalmente, sus datos no fueron filtrados, pero este porcentaje no compensa el riesgo latente de exposición de información sensible, dejando claro que depender únicamente del pago no garantiza ni seguridad ni tranquilidad.

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La era de la digitalización y de la globalización “express” en la que vivimos han convertido a los ciberataques en el pan de cada día en el mundo empresarial. No hablamos de ciencia ficción, sino de una realidad tan cotidiana como incómoda. Cuando sufrimos un ciberataque, los datos reflejan que el mayor perjuicio que sufrimos es el provocado por la interrupción del negocio. Según estadísticas de la aseguradora Allianz y el bróker de seguros Marsh, hasta el 70% del coste de un siniestro cibernético deriva del tiempo en que la empresa se queda paralizada, y no del daño directo provocado por el ataque en cuestión.

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Este tipo de ataque consiste en un software malicioso que logra cifrar los datos de la empresa, haciéndolos inaccesibles para los usuarios legítimos. De este modo, la información se vuelve inutilizable para la empresa y los ciberdelincuentes exigen un rescate económico para devolverla a su estado original. «No hablamos solo de un impacto económico muy grave», explica Suárez, sobre la incapacidad de la empresa para mantener su normal funcionamiento sin la información cifrada y las elevadas cuantías que los ciberdelincuentes demandan por liberarla. Sin embargo, el golpe no es solo económico sino también reputacional y termina suponiendo que «la mitad de las pymes que sufren este tipo de ataques se ven obligados a cerrar en menos de un año», lamenta el presidente del CPEIG.

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La conocida como estafa del CEO es un tipo de fraude sofisticado donde los cibercriminales suplantan la identidad de un alto directivo de una empresa para engañar a los empleados con la capacidad para ejecutar órdenes financieras para que realicen transferencias bancarias de forma urgente a una cuenta controlada por los ciberdelincuentes. Son numerosos los casos en que las empresas han sido víctimas de esta técnica. En España, el caso más conocido por este tipo de fraude es el de la EMT de Valencia, en el que los ciberatacantes lograron hacerse con un botín de 4 millones de euros.

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La Directiva NIS2 pretende ser el pilar fundamental para garantizar la ciberprotección en la Unión Europea. Su objetivo principal es reforzar el nivel general de ciberseguridad de los Estados miembros mediante la mejora de la resiliencia de las entidades públicas y privadas que prestan servicios esenciales o importantes para la sociedad.  El principal cambio que incorpora la NIS2 es que amplía el número de empresas y organismos que tienen que cumplir con ella. Así, sectores considerados críticos como el energético, el de la banca, el de infraestructuras del sector financiero, el dedicado a la gestión de aguas, el sanitario, el de transporte, los proveedores de servicios TIC, el sector manufacturero o las administraciones públicas, entre otros tienen la obligación de cumplir con la norma.

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Hiscox, analiza los errores más frecuentes que cometen tanto las empresas como sus empleados y que pueden marcar la diferencia entre una simple incidencia técnica y una brecha de seguridad de alto impacto económico y reputacional:

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